PULSO
Eduardo Meraz
El apotegma presidencial «no me vengan con el cuento de que la ley es la ley» se está materializando a pasos acelerados en el terreno electoral, a raíz de la actitud bastante complaciente de las autoridades en la materia.
Las recientes decisiones del Tribunal de dejar de sancionar las «no campañas» de las docenas de aspirantes a la Presidencia ensucian, de arranque, todo el proceso, el cual podría ser anulado y, con ello, entorpecer la renovación de poderes.
Los «nuevos criterios» predominantes tanto en el Tribunal como en el INE dan lugar a suspicacias de que la «revolución de las conciencias» cuenta con un creciente número de adeptos en esas instituciones.
Así lo dejan ver sus recientes resoluciones, lo mismo hacia el oficialismo que hacia la alianza opositora. En ambos frentes se recurre a subterfugios lingüísticos para disfrazar su activismo político-electoral.
Por cómo se ha presentado la abundancia de actividades proselitistas y de promoción personal de la docena trágica de los no candidatos, en especial de las llamadas corcholatas, la realización de las elecciones federales del año entrante transitarán por el espeso pantano de la ilegalidad.
La opción salomónica de no sancionar a los infractores de uno y otro lado, es inequitativa en su esencia, pues concede ventajas adicionales al oficialismo en el uso de recursos lícitos e ilícitos.
Por lo visto después de los «diálogos en el infierno palaciego» entre el ejecutivo y las autoridades electorales, habrá un elevado grado de flexibilidad en la aplicación de las normas. Esto podría llevar a la nulidad de la elección.
Posibilidad que beneficiaría directamente al principal promotor y evasor compulsivo de la ley, el habitante temporal de Palacio Nacional que, de esta forma, tendría la excusa perfecta para conservar el poder para sí o para su movimiento.
La irrupción en el escenario sucesorio de Xóchitl Gálvez, que día a día gana simpatías, podría frenar o detonar las acciones de ilegalidad cuatroteísta y de otros actores políticos, entre los cuales de incluirse ya al crimen organizado.
Por el momento, la única alternativa a los afanes dictatoriales de Palacio Nacional, es la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar, analizar y en su caso, ratificar o revocar los dictámenes del Tribunal, ante una denuncia de inconstitucionalidad en alguna etapa del proceso electivo.
Esta nueva atribución de la Corte será cuestionada por el oficialismo y reavivará los ataques contra sus miembros, con el objetivo de doblegarlos. Las corcholatas seguramente encabezarán la ofensiva.
¿Podrán la oposición y la Suprema Corte acabar con el cuento presidencial acerca de la ley y que los votos cuenten y se cuenten bien?
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
La violencia y los asesinatos rondan el palacete virreinal. En la ciudad supuestamente más segura, en el metro Bellas Artes y en Correo Mayor disparos y muertes se hicieron presentes.
@Edumermo