PULSO
Eduardo Meraz
En menos de una semana, han salido a relucir las debilidades presidenciales, su filia hacia la milicia y su fobia hacia el poder judicial. El trato recibido y otorgado a uno y otro sector muestran el verdadero rostro del habitante temporal de Palacio Nacional.
Obsecuente o intransigente como estadista, en los hechos desmiente los compromisos asumidos de manera previa o al inicio de su mandato: ni regresó a los militares a sus cuarteles ni respetó la función de jueces, ministros y magistrados.
Mientras a las fuerzas armadas las mima de manera exagerada, inclusive por encima de lo estipulado por la Constitución, busca por todos los medios -también al margen de la ley- doblegar al poder judicial y convertirse en el poder de los poderes que tanto critica.
Difícil conocer las verdaderas motivaciones que llevaron al mandatario sin palabra, sin nombre y ahora sin credibilidad por el cambio de actitud hacia el ejército y la marina, a los cuales ha convertido en el sector empresarial consentido, a costa del dinero de los contribuyentes.
La asignación de obras y la administración de estas y otros servicios públicos como trenes, aduanas, puertos y aeropuertos son las «ramas productivas» de la industria militar. Son propietarios de miles de millones de pesos, sin necesidad de haber invertido un centavo.
Y no sólo eso, son y serán subsidiados hasta que obtengan utilidades o se vuelvan una carga como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, cuyos planes de negocio son un fracaso.
Este trato privilegiado se explica en buena medida con las imágenes transmitidas durante los festejos por los 200 años del Colegio Militar. Estampa reforzada al exculpar a las fuerzas armadas por el caso de Ayotzinapa y autorizarles un fideicomiso para financiar sus actividades económicas.
Y para no dejar dudas del afecto hacia las fuerzas armadas, les despeja el camino con la salida del subsecretario Alejandro Encinas para incorporarse con la «bastonera» morenista. Encinas había señalado a militares de participar en el caso Iguala.
El poder judicial, en especial la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, es donde, por el momento, se concentran las fobias del titular del ejecutivo, como parte de su ambición de domeñar a los otros poderes y a los órganos autónomos.
Primero, retó a la Corte con leyes inconstitucionales; después quiso imponer a la titular de la Corte. Al ver frustrados sus caprichos, ahora busca ahogarla económicamente con el viejo, desgastado e inútil argumento de combatir privilegios, que solo sus allegados deben gozar, sean o no militares.
Para ello, recurre a su arma jurídica privilegiada a lo largo de su mandato: la expropiación de bienes, tierras, fondos y fideicomisos. Así lo ha hecho desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco y para la construcción de sus obras emblemáticas.
En el paso del poder judicial, su exacerbada fobia es intentar se convierta en otra oficialía de partes como lo ha logrado en el Congreso, donde ni siquiera le quitan una coma a sus ocurrencias legaloides.
Así, la doble personalidad del presidente totalmente Palacio Nacional: amable y blando con las fuerzas armadas, transmuta en impositivo, ofensivo e iracundo cuando se trata del poder judicial o de los sectores que no comparten esta dualidad.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña posteó en X:
Al pueblo de México:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal juzgamos para TODOS y no vamos a ceder a presiones de ningún partido político o poder del Estado. Juzgamos con apego a las Leyes, no a la política.
@Edumermo