La empresa Alimentos con Idea, fue de las más beneficiadas con contratos directos durante la administración de Jesús Orta Martínez al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y ahora restauranteros exigen el pago por cerca de 120 millones de pesos que se les deben desde 2019 por servicios de alimentación a elementos policiacos, sin que las autoridades de la FGJCDMX hagan algo por activar las denuncias mercantiles y penales en su contra.
Afectados por el fraude cometido por los hermanos Luis Antonio y José Raymundo Ortiz Domínguez, revelaron la forma de actuar entre ellos y el exservidor público, que consistía en obtener contratos directos por servicios de alimentación, pero metiendo facturas sin que se haya brindado el servicio, lo que fue detectado en su momento por el actual titular de la SSC, Omar García Harfuch.
«De forma directa se les otorgaron los contratos SSC-229-2019, SSC-363-2019, mismos que fueron firmados por la oficial mayor Gabriela Baltazar Machaen y por el licenciado Jesús Alonso García Roiz, director de mantenimiento, obras y servicios de la SSS-CDMX, pero a precios elevados, aun sabiendo que los servicios eran proporcionados por los empresarios que fueron contratados y a la postre defraudados por Alimentos con Idea».
En un documento los restauranteros afectados señalaron, que el precio de los alimentos de ración caliente, a ellos se los pagarían en 45.50 pesos por ración, mientras que la ración seca tendría un costo de 41.33 pesos, y así se facturaba, pero en realidad costaban 36.00 pesos, lo que representó un daño al erario de la SSC, esto hasta que llegó Omar García Harfuch quien dio la orden de investigar a Alimentos con Idea.
Prueba de ellos es, que García al descubrir el fraude, giró el oficio número SSC/OM/DGRMAYS/SAS/JUDA/0489/2019, dando la orden a la vez, que los representantes legales de la referida empresa se presentaran a aclarar las irregularidades y de ese modo poder deslindar responsabilidades, sin que nadie haya acudido y al buscarlos en su domicilio fiscal, se descubrió que se trata de una «empresa fantasma» con domicilio fiscal en San Luis Potosí.
Derivado de las investigaciones, se logró la inhabilitación de los servidores públicos Jesús de la Piedra García, entonces subdirector de Obras y Servicios de Alimentación, así como de Miguel Borgos Fabris, jefe de la unidad departamental de alimentos, pero los restauranteros que fueron contratados para brindar el servicio de alimentación, no recibieron el pago de cerca de 120 millones de pesos que se les deben.
«Las mismas autoridades de la SSC de la Ciudad de México, solaparon a dicha empresa sin ser sancionada o inhabilitada como marca la ley en caso de infringir el contrato. Las 6 empresas que fuimos defraudas nos acercamos en una ocasión al oficial mayor Israel del Bosque, quien nos informó que ya nos pagaría en junio del año 2020 en plena pandemia, y hasta la fecha seguimos en espera», denunciaron los afectados.